COVID-19 destaca la función fundamental de una gobernanza adecuada para la prevención de desastres
Durante una conferencia sobre la reducción del riesgo de desastres (RRD) en las Américas y el Caribe se afirmó que la pandemia de la COVID-19 ha ocasionado muerte y destrucción económica en todas partes del mundo, lo cual permite evidenciar las razones por las que las acciones eficaces para la prevención y la gestión de desastres deben incluir a todos los sectores de la sociedad y hacer partícipe a los actores nacionales e internacionales.
La coordinación intersectorial, los marcos jurídicos, las políticas y los planes, la información actualizada sobre el riesgo para orientar la toma de decisiones, los mecanismos claros de participación y la integración desde el nivel global hasta los ámbitos regional y local son elementos de una ‘buena gobernanza’, una prioridad de acción del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el plan global sobre la RRD.
Durante la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, cuya sede es Jamaica, el Sr. Allan Lavell, Investigador Asociado de la rama costarricense de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) explicó que “la COVID-19 ha revelado cosas que ya sabíamos, pero que ahora se han vuelto más evidentes”.
Un panel de alto nivel durante el cuarto y último día de la Plataforma Regional examinó los desafíos y las oportunidades de mejorar la gobernanza y la coordinación intersectorial en una región que se ve expuesta de forma constante a una amplia variedad de desastres, y que ha sufrido de manera desproporcionada los estragos de la COVID-19.
El Sr. Ciro Ugarte, Director de Emergencias Sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que, aunque el Marco de Sendai especifica la necesidad de fortalecer la gobernanza en la gestión del riesgo, el problema de las pandemias todavía no se ha incorporado del todo a e este enfoque. En la sesión, que se celebró de formato virtual, el funcionario afirmó que “la COVID-19 demuestra que todos los gobiernos y todas las disciplinas deben abordar esto sin retrasos”.
Cada emergencia médica genera implicaciones políticas y sociales. Al respecto, el Sr. Ugarte afirmó que “cuanto más grande sea la epidemia, mayor será la necesidad de una intervención de alto nivel. Debemos fortalecer la buena gobernanza y la cooperación, y promover la participación activa de todos los actores relevantes”.
La Sra. Paula Daza Narbona, Subsecretaria de Salud Pública del Gobierno de Chile, detalló los pasos que se tomaron en este país para contener la COVID-19, comenzando con la declaración de un estado de emergencia. Desde el inicio, se hizo énfasis en la importancia de la cooperación multisectorial entre los ministerios y los diferentes niveles del gobierno. La funcionaria afirmó que, por ejemplo, el ejército estuvo a cargo de la distribución de vacunas y explicó que se crearon “brigadas de salud” de voluntarios en barrios, escuelas y lugares de trabajo, a fin de ofrecer información a la población.
La Sra. Simone Keizer Beache, Directora Médica, afirmó que la respuesta a la COVID en San Vicente y las Granadinas se benefició de la existencia de un sólido sistema comprobado para la gestión de desastres en este Estado caribeño compuesto por varias islas. La Sra. Beache también aseveró lo siguiente: “A través de nuestra experiencia, hemos aprendido que debemos integrar la reducción del riesgo de desastres de forma integral en todos los planes estratégicos”. El gobierno respondió a la emergencia sanitaria con un paquete de protección económica que constituyó aproximadamente el 3 % del producto bruto interno (PIB), y ayudaron específicamente a los jóvenes y a las micro y pequeñas empresas. Ella también dijo que “el lema es que la seguridad sanitaria es la seguridad nacional”.
En Centroamérica y la República Dominicana, se dieron cuenta rápidamente de la necesidad de coordinar acciones para enfrentar la pandemia de la COVID-19, incluida la cooperación entre los ministerios de salud para compartir información. Al respecto, la Sra. Claudia Herrera, Secretaria Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), destacó la necesidad de tomar acciones regionales para complementar las medidas de los gobiernos nacionales. La funcionaria también hizo énfasis en la necesidad de la detección y el diagnóstico temprano del riesgo de desastres.
El Sr. Sergio Rico, Director del Sistema Nacional de Emergencias, de la Presidencia de la República del Uruguay, se refirió al hecho de que el país contaba con un sistema nacional muy bien preparado, diseñado para proteger tanto a las personas como a la infraestructura. Él destacó la importancia de la función que desempeña la tecnología en la lucha contra la pandemia para facilitar las comunicaciones con la población, a través de medios como Twitter, así como para permitir que los estudiantes continúen cursando sus estudios sin tener que desplazarse hasta los centros de educación. El Sr. Rico afirmó que “el público tiene derecho a saber lo que está sucediendo”.
De forma similar a Uruguay y a San Vicente y las Granadinas, la respuesta nacional de Jamaica frente a la pandemia de la COVID-19 se benefició de las políticas existentes sobre la gestión del riesgo de desastres, incluida la Ley sobre el Riesgo de Desastres de 2015, según lo explicó el Sr. Wayne Henry, Presidente y Director General del Instituto de Planificación del Gobierno de Jamaica. El funcionario también hizo énfasis en la importancia de compartir información y de que exista cooperación entre los distintos sectores, pues “una sola entidad no puede lograrlo”.
Para finalizar la sesión, el Sr. Bijay Kumar, Director Ejecutivo de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres (GNDR, por sus siglas en inglés), manifestó que es importante examinar el riesgo desde una perspectiva de la población local. Él señaló que “debemos reconocer las capacidades locales y la forma en que se puede incorporar al sector privado y la sociedad civil, para así trabajar juntos en un proceso colectivo”.