Recuperación de COVID-19 es una "oportunidad de oro"
Durante una importante conferencia internacional, se planteó el hecho de que la pandemia de la COVID-19 representa una oportunidad para implementar políticas económicas y sociales que sean más ecológicas y sostenibles, pero es incierto si los gobiernos aprovecharán esta oportunidad.
Al dirigirse a los participantes de la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, diversos funcionarios del Banco Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y del Gobierno de Guatemala advirtieron de que no se puede actuar como si no ha pasado nada cuando se trata de estimular la recuperación a nivel mundial debido a la pandemia.
La Sra. Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Jefa de UNDRR, señaló que la pandemia de “la COVID ofrece una oportunidad de oro para abordar múltiples riesgos, lo que incluye el impacto del cambio climático, para que nuestras sociedades sean resilientes. Si no logramos que esta recuperación sea ecológica (“verde”) y que la resiliencia sea equitativa, estaremos creando nuevos riesgos”.
La mesa redonda de alto nivel abordó el tema “Construyendo economías resilientes: Reconstruyendo mejor y más ecológicamente sin dejar a nadie atrás”. Una mejor reconstrucción después de un desastre es una de las cuatro prioridades incluidas en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado como el plan internacional en materia de desastres y del que las Plataformas Regionales constituyen una parte clave.
Para la Sra. Seynabou Sakho, Directora de Estrategias y Operaciones para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, es más adecuado hablar de “construir para un futuro mejor”, ya que, en todas partes, los encargados de formular políticas deben tener presente que la prevención del riesgo, la sostenibilidad y la protección de los más vulnerables deben formar parte esencial de los planes de recuperación.
Las Américas y el Caribe, una de las regiones más urbanizadas del mundo, han resultado fuertemente afectadas por la COVID-19, con altas tasas de mortalidad y drásticos recortes a su crecimiento económico. Si bien, el impacto generado ha diferido a lo largo de la región, muchos países han observado un marcado aumento en la pobreza, mientras que el cierre de escuelas para evitar la propagación de las infecciones está repercutiendo especialmente en los sectores más pobres de la sociedad.
Al respecto, la Sra. Sakho afirmó lo siguiente: “Una de las lecciones de la COVID-19 es que no estamos preparados. Debemos saber que los desastres y las pandemias van a ocurrir. Entonces, las preguntas que debemos formularnos son cómo estar preparados, cómo podemos aprender y cómo cambiar, ya que este es el reto más grande”.
Por su parte, el Sr. Luis Felipe López Calva, Director Regional para América y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirmó que existe la necesidad de reformular las políticas sociales y económicas, pues estas “deben ser universales. Debemos mejorar las reglas y las políticas para poder lograr una recuperación más inclusiva”. Tradicionalmente, los grupos excluidos deben beneficiarse del crecimiento económico, pero al mismo tiempo, las políticas deben ser fiscalmente sostenibles.
Durante la sesión que se realizó el segundo día de esta conferencia de cuatro días de duración, la Sra. Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, explicó que este país ha establecido “la gestión del riesgo como una prioridad”.
La funcionaria también dijo que el Consejo Nacional de Cambio Climático ha velado por que exista un alto grado de coordinación en la planificación para incluir la gestión del riesgo en todos los ministerios. Asimismo, se ha incorporado el cambio climático en más de 300 planes a nivel municipal. Sin embargo, uno de los grandes retos que enfrentan Guatemala y otros países centroamericanos es la falta de financiamiento para la prevención de desastres. Tanto Luis Felipe López Calva como Seynabou Sakho destacaron la necesidad de contar con nuevos instrumentos para el financiamiento de la prevención de desastres.
La Sra. Mami Mizutori destacó que hay varios pasos que se requieren para asegurarse de que la prevención de desastres esté integrada a las políticas gubernamentales en todas partes. La reducción del riesgo de desastres debe incorporarse plenamente en las inversiones de los sectores público y privado. También es necesario rastrear mejor la forma en que se están gastando los fondos, para asegurarse de que las inversiones logren los objetivos trazados y lleguen a los beneficiarios a las que se han dirigido. La Sra. Mizutori explicó que es esencial trabajar con el sector privado, ya que este es el responsable de la mayor parte de las inversiones.
La pandemia de la COVID-19 ha impulsado un mayor grado de sensibilización global sobre el riesgo de desastres. Al respecto, la Sra. Mizutori mencionó que, aunque “se ha avanzado… el cambio de mentalidad aún no se ha traducido en acciones”.