Los líderes regionales debaten acerca de la necesidad de una financiación sostenible y una gobernanza del riesgo de carácter multisectorial en el segundo día de la PR23
Mientras los líderes regionales se preparaban para reunirse a puerta cerrada a fin de acordar el Plan de Acción Regional, los participantes se dieron cita en el segundo día de la VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe (PR23).
Funcionarios gubernamentales de los ámbitos local y federal, así como otras partes interesadas, hicieron hincapié en la importancia de las políticas innovadoras y la coordinación multisectorial para la gobernanza del riesgo.
“Una gobernanza adecuada es el pilar de la gestión del riesgo de desastres”, expresó Stéphanie Durand, Directora General de la Dirección de Planificación y Políticas sobre Gestión de Emergencias del Ministerio de Seguridad Pública del Canadá.
Destacó cómo la pandemia de COVID-19 había modificado el paradigma de la gobernanza del riesgo, poniendo en tela de juicio las funciones tradicionales del gobierno, el ejército y la industria, para poner el foco de atención en el papel de la sociedad civil y el sector privado.
Sergio Rico, Director del Sistema Nacional de Emergencias del Uruguay, se mostró de acuerdo con este análisis y enfatizó en la importancia de adoptar un enfoque político multisectorial e integral en la gestión del riesgo de desastres, en especial en el periodo posterior a la pandemia.
“La pandemia nos enseñó que el carácter sistémico del riesgo es sumamente importante”, apuntó. “Solía estar relacionado con la salud, pero posteriormente se amplió al sector de la producción y la economía”.
“El riesgo de desastres es sistémico y el enfoque es multidisciplinario; la comunidad debe participar en la gobernanza por la que se opte”, añadió el Sr. Rico. “Hemos de adoptar un enfoque político multisectorial e integral”.
Roger Tejada, Ministro de Gobierno de Panamá, subrayó la necesidad de que todo enfoque multisectorial incluya la participación de la comunidad local y se coordine entre países en la región. “Las políticas no pueden tener un alcance nacional, su alcance debe ser regional”, expresó.
Tejada añadió que las políticas en mención no deben dejar a ningún grupo atrás y se debe mirar hacia el futuro a la hora de implementar las políticas de gobernanza del riesgo de desastres. “Es importante recalcar que debemos prevenir las situaciones que se producirán no solo en el país sino también en la región”, comentó.
Martha Keays, Directora Regional para las Américas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, hizo aportes relacionados con la idea de no dejar a nadie atrás, al argumentar cómo la pobreza, la desigualdad, la degradación de los recursos naturales, la urbanización y la marginación han dado lugar a que los efectos de los desastres relacionados con el clima sean más graves.
Según un informe de evaluación de 2021, el 80% de las zonas urbanas de América Latina y el Caribe —la región más urbanizada del planeta— se han visto afectadas por desastres de origen natural.
“Nuestra capacidad para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible dependerá en gran medida del desempeño de las ciudades y poblaciones”, expresó Ronald Jackson, Director de la Dependencia de Recuperación y Reducción del Riesgo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Los desastres están afectando cada vez más zonas urbanas de las Américas y el Caribe, en particular a las ciudades y los municipios pequeños y medianos”.
Los panelistas comentaron ante los participantes de la PR23 que la desigualdad y la escasa inversión en las zonas rurales son algunos de los principales factores que intensifican la migración hacia las zonas urbanas y la consecuente desigualdad en dichas zonas urbanas.
A este respecto, Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, manifestó que los gobiernos locales, nacionales y regionales deben fortalecer las capacidades para mejorar la gestión del riesgo.
“Necesitamos contar con suficientes recursos financieros para hacer nuestro trabajo y atender a nuestra población”, expresó. “Reducir los presupuestos, en lugar de aumentarlos, nos impedirá atender a la población en estos ámbitos esenciales, como la mala gestión del riesgo”.
En un evento paralelo, la Sra. Keays apuntó que la inversión en ciencia y tecnologías en favor de las comunidades que se ven afectadas en mayor medida, como las de las zonas urbanas en riesgo, marca la diferencia.
“Es necesario que las comunidades accedan a información clave y útil para dar respuesta a las crisis futuras”, apuntó. “Ello incluye datos para analizar las tendencias históricas de las crisis y las enseñanzas extraídas de las respuestas anteriores a fin de apoyar los análisis del riesgo y las necesidades”.
“Esta información posibilitará determinar y planificar medidas de prevención, preparación y respuesta eficaces en los planos nacional y subnacional”, comentó la Sra. Keays. “Los datos ofrecen a las personas pruebas concretas que sirven de ayuda para acceder a fondos a fin de establecer medidas con base en pronósticos, así como para la financiación de la respuesta”.
Muchos de los países que afrontan las peores consecuencias en América Latina y el Caribe necesitan soluciones de bajo costo para las cuales se precisa la cooperación de las comunidades locales y que pueden ser complementadas con los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
Según Manuela Pinilla, Directora de País de Build Change en Colombia, 120 millones de personas de la región viven en condiciones precarias e inseguras. Indicó además que las soluciones de bajo costo deberían conllevar que las viviendas que ya existen sean más resilientes.
Entre las soluciones a las que hizo referencia se encuentra el uso de las nuevas tecnologías para producir materiales de construcción más robustos, la construcción de segundos pisos en zonas propensas a las inundaciones y la asignación de más recursos a la mejora de la resiliencia de las viviendas informales.
Las soluciones de bajo costo también pueden utilizarse en el desarrollo de sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples; los panelistas comentaron en presencia de los participantes de la PR23 que incluso las inversiones modestas pueden salvar vidas, pero únicamente si las comunidades locales consideran que dichos sistemas son fiables y participan de manera activa en su implementación y gestión.
Por ejemplo, los dispositivos de fabricación casera que miden las precipitaciones, junto con el acceso a WhatsApp, permiten a los residentes de las llanuras aluviales facilitar datos en tiempo real a las autoridades, lo que les ayuda a responder oportunamente a las alertas de inundaciones.
Francine Baron, Directora General del Organismo de Aplicación de la Resiliencia Climática de Dominica, que apoya la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia Climática de ese país, reafirmó la necesidad de que los ciudadanos ocupen un lugar central en la planificación de la resiliencia a los desastres.
“Como parte de los esfuerzos relacionados con la resiliencia, una de nuestras esferas centrales de interés es la preparación de la comunidad”, apuntó. “La respuesta a los desastres la lidera la población civil y la experiencia nos ha mostrado que las comunidades que están preparadas son capaces de reducir al mínimo las pérdidas”.
Finalmente, la conversación se centró en el papel de la planificación pública, la presupuestación y las asociaciones públicas y privadas en la financiación de la reducción del riesgo de desastres y los esfuerzos en el ámbito de la resiliencia.
Diana Cardenas Monar, Coordinadora General del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, hizo hincapié en la importancia de los datos y las pruebas para comprender las necesidades financieras y los costos relacionados con el cambio climático.
Aludiendo a los datos del Banco Mundial, comentó que los costos relacionados con los daños provocados por el cambio climático representan el 1,7% del producto interno bruto (PIB) y podrían costar a los países en desarrollo 500 millones de dólares de los Estados Unidos para 2030.
Pese a ello, los países en desarrollo afrontan dificultades para acceder a la financiación para el clima y los compromisos asumidos por los países desarrollados no se han cumplido. Como consecuencia, una posible crisis de deuda climática genera cada vez mayor preocupación.
Para superar estas dificultades, el panel indicó a los líderes regionales que deben incorporar taxonomías verdes en la financiación de un desarrollo sostenible y resiliente.
“Para empezar, incorporar las taxonomías verdes proporciona un lenguaje y una norma comunes para todos”, expresó François Borit, Representante Nacional del Uruguay ante el Banco de Desarrollo de América Latina. “Esta norma común es importante puesto que nos ayuda a trabajar en pro de la sostenibilidad y nos permite encauzar el capital de manera eficiente, lo que nos brinda opciones a largo plazo”.
Los panelistas añadieron que las taxonomías verdes además crean mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que son fundamentales para la aplicación de los fondos, lo que permite a los inversionistas evaluar las incertidumbres y los beneficios ambientales de sus inversiones. Ello, a su vez, les ofrece mejores oportunidades y hace más atractivo el acceso a los mercados financieros verdes.
Los panelistas debatieron acerca de las mejores prácticas de financiación en materia de riesgos de desastres, incluida la financiación de bonos supeditados a indicadores ambientales y la creación de deuda sostenible para los proyectos de inversión pública.
Lizra Fabien, Coordinadora de ARISE Dominica y miembro de la Junta de ARISE a nivel mundial, aplaudió estos esfuerzos y subrayó la necesidad de establecer asociaciones públicas y privadas premonitorias y significativas.
“Es muy importante garantizar que el sector privado se implique y que contemos con asociaciones significativas”, apuntó. “Hemos de forjar esas asociaciones antes de que los desastres se produzcan”.